"Destiérrese de las sociedades cultas el pernicioso abuso de la prensa" (Simón Rodríguez).En los últimos días circulo la noticia. En el segmento “proteste ya”, del programa periodístico Caiga Quien Caiga (CQC), el intendente de la localidad rionegrina de El Bolsón agredió físicamente al notero Gonzalo Rodríguez.
El hecho se propagó automáticamente por toda la agenda mediática. La condena al funcionario público fue la única voz que sonó al respecto. Sin embargo, el acontecimiento pone en escena una cuestión medular: la frontera entre el espacio público y la actividad privada.
Al margen de la agresión en sí, el hecho condenable es otro. ¿Qué poder tiene una empresa privada para increpar a un intendente elegido por la ciudadanía de El Bolsón?. Es decir, ¿Quién invistió a la producción de CQC de la autoridad moral necesaria para poder juzgar a un funcionario público?.
Desconozco el accionar del Romera en la intendencia. Sin embargo, la cobertura mediática del hecho me dispara algunas reflexiones. ¿Qué se busca exactamente con la “espectacularidad” de las intervenciones periodísticas de este tipo?, ¿Quién es el representante de una corporación privada como TELEFE para decir quién hace las cosas bien y quién las hace mal?, ¿Por qué en ningún medio se consultó al pueblo de El Bolsón para ver si su opinión coincidía con la del periodista de CQC? (dejo este ilustrativo video realizado por un medio local
http://www.youtube.com/watch?v=3DElYugmc9w), ¿Alguien sabe a qué partido pertenece Romera?, ¿lo único noticiables es la agresión física del funcionario?.
Si Romera llamó a un plebiscito no vinculante, ¿CQC tiene la autoridad política para hacerlo vinculante?. Desde ya que el plebiscito debe ser escuchado, pero ¿es un programa de televisión el encargado de imponer la decisión de la ciudadanía?.
Como dije antes, desconozco la trayectoria política y las acciones que Romera emprende desde la intendencia. Pero aun suponiendo que la población de la ciudad esté descontenta con su mandato, ¿la voluntad invasiva de un canal de televisión privado prevalece por sobre la voluntad popular?, ¿no existen mecanismos dentro del espacio público para que el pueblo de la ciudad rionegrina manifieste su descontento?, ¿qué ocurre cuando una corporación mediática se erige en guardiana de las decencia y las buenas costumbres y el método que elige para hacerlas respetar es el ataque frontal e invasivo a un funcionario electo por el pueblo?, ¿quién votó a Gonzalo Rodríguez para que increpe de ese modo a un funcionario electo? En síntesis…¿se puede combatir el canibalismo comiéndose al caníbal?.
El problema aparece cuando una empresa privada cree que debe hacer “justicia” por encima de las instituciones públicas que se encargan de la misma. En el video se escucha claramente cuando un productor del programa le dice a Romera que “acá quemaron una radio”. Si dicha persona tiene las pruebas, ¿debe hacer la denuncia correspondiente para que el poder judicial se encargue de la investigación o debe ingresar con una cámara a la intendencia a acusar al funcionario?. Y si no tiene las pruebas suficientes…¿qué acción hay que tomar contra alguien que realiza semejante denuncia infundada?. ¿Qué concepción tiene de la opinión pública un programa que forma parte de una empresa multimilloaria y se representa a sí mismo con el tábano socrático que debía "aguijonear" a la sociedad cuando esta parecía quedarse dormida?. ¿Sólo quienes tienen el dinero suficiente para disponer de un espacio televisivo en unos de los canales privados más importantes de Argentina son capaces de "aguijonear" las conciencia pública?.
Si el plebiscito no vinculante dio como resultado que la voluntad popular es el no traslado del aeropuerto (esa era la “denuncia” que trataba la nota), el intendente debería obedecer a ese reclamo. Si no obedece, el pueblo de El Bolsón, en caso de que considere que el hecho merece real castigo, podrá no votar a Romera en las próximas elecciones o movilizarse para que se cumpla su decisión. Cuando un intendente no cumple con los resultados de un plebiscito, la ciudadanía puede corregir el rumbo, ya sea movilizándose o eligiendo otro modelo en los siguientes comicios. Cuando se considera normal que una corporación privada quiera imponer su razón por encima de la voluntad popular y de las instituciones públicas y la víctima pasa a ser victimario, difícilmente haya vuelta atrás.
El hecho se propagó automáticamente por toda la agenda mediática. La condena al funcionario público fue la única voz que sonó al respecto. Sin embargo, el acontecimiento pone en escena una cuestión medular: la frontera entre el espacio público y la actividad privada.
Al margen de la agresión en sí, el hecho condenable es otro. ¿Qué poder tiene una empresa privada para increpar a un intendente elegido por la ciudadanía de El Bolsón?. Es decir, ¿Quién invistió a la producción de CQC de la autoridad moral necesaria para poder juzgar a un funcionario público?.
Desconozco el accionar del Romera en la intendencia. Sin embargo, la cobertura mediática del hecho me dispara algunas reflexiones. ¿Qué se busca exactamente con la “espectacularidad” de las intervenciones periodísticas de este tipo?, ¿Quién es el representante de una corporación privada como TELEFE para decir quién hace las cosas bien y quién las hace mal?, ¿Por qué en ningún medio se consultó al pueblo de El Bolsón para ver si su opinión coincidía con la del periodista de CQC? (dejo este ilustrativo video realizado por un medio local
http://www.youtube.com/watch?v=3DElYugmc9w), ¿Alguien sabe a qué partido pertenece Romera?, ¿lo único noticiables es la agresión física del funcionario?.
Si Romera llamó a un plebiscito no vinculante, ¿CQC tiene la autoridad política para hacerlo vinculante?. Desde ya que el plebiscito debe ser escuchado, pero ¿es un programa de televisión el encargado de imponer la decisión de la ciudadanía?.
Como dije antes, desconozco la trayectoria política y las acciones que Romera emprende desde la intendencia. Pero aun suponiendo que la población de la ciudad esté descontenta con su mandato, ¿la voluntad invasiva de un canal de televisión privado prevalece por sobre la voluntad popular?, ¿no existen mecanismos dentro del espacio público para que el pueblo de la ciudad rionegrina manifieste su descontento?, ¿qué ocurre cuando una corporación mediática se erige en guardiana de las decencia y las buenas costumbres y el método que elige para hacerlas respetar es el ataque frontal e invasivo a un funcionario electo por el pueblo?, ¿quién votó a Gonzalo Rodríguez para que increpe de ese modo a un funcionario electo? En síntesis…¿se puede combatir el canibalismo comiéndose al caníbal?.
El problema aparece cuando una empresa privada cree que debe hacer “justicia” por encima de las instituciones públicas que se encargan de la misma. En el video se escucha claramente cuando un productor del programa le dice a Romera que “acá quemaron una radio”. Si dicha persona tiene las pruebas, ¿debe hacer la denuncia correspondiente para que el poder judicial se encargue de la investigación o debe ingresar con una cámara a la intendencia a acusar al funcionario?. Y si no tiene las pruebas suficientes…¿qué acción hay que tomar contra alguien que realiza semejante denuncia infundada?. ¿Qué concepción tiene de la opinión pública un programa que forma parte de una empresa multimilloaria y se representa a sí mismo con el tábano socrático que debía "aguijonear" a la sociedad cuando esta parecía quedarse dormida?. ¿Sólo quienes tienen el dinero suficiente para disponer de un espacio televisivo en unos de los canales privados más importantes de Argentina son capaces de "aguijonear" las conciencia pública?.
Si el plebiscito no vinculante dio como resultado que la voluntad popular es el no traslado del aeropuerto (esa era la “denuncia” que trataba la nota), el intendente debería obedecer a ese reclamo. Si no obedece, el pueblo de El Bolsón, en caso de que considere que el hecho merece real castigo, podrá no votar a Romera en las próximas elecciones o movilizarse para que se cumpla su decisión. Cuando un intendente no cumple con los resultados de un plebiscito, la ciudadanía puede corregir el rumbo, ya sea movilizándose o eligiendo otro modelo en los siguientes comicios. Cuando se considera normal que una corporación privada quiera imponer su razón por encima de la voluntad popular y de las instituciones públicas y la víctima pasa a ser victimario, difícilmente haya vuelta atrás.
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