José Pablo Feinmann se acomoda el saco, toma aire y empieza a hablar, dirigiéndose hacia su público. Dice que hoy va a abordar la obra del filósofo alemán Immanuel Kant. Avisa que no es un pensador fácil y cuenta una anécdota sobre Albert Einstein para explicar que hay filósofos cuya escritura era más simple que la de otros que utilizaban una prosa densa e intrincada.
Kant, Einstein, Filosofía, ¿de qué estamos hablando?. ¿Una clase?, ¿un curso?, ¿una conferencia?. Podríamos decir que sí, que es todo eso, pero ante todo es un programa de televisión. Se trata del ciclo “Filosofía. Aquí y ahora” que Feinmann conduce y que emite Encuentro, el canal del Ministerio de Educación que se transmite por cable.
Es un ejemplo entre muchos otros de televisión no comercial.
Ciudad Abierta, el canal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que también se emite por cable, ofrece el programa “Quién lo dice”, el cual reproduce las clases de diferentes profesores de la Universidad de Buenos Aires.
Canal 7, el canal estatal y de televisión abierta, tienen también una programación atravesada por parámetros no comerciales. Entre muchos otros casos que podríamos citar de esta señal, Osvaldo Quiroga conduce “El rincón de la cultura”, dedicado a la promoción de diferentes expresiones artísticas.
Un canal que produce estos programas no lo hace evidentemente pensando en el rédito económico sino en la necesidad de ofrecer contenidos que la radiodifusión comercial no está dispuesta a incorporar. La televisión pública debe, ante todo, ser capaz de ofrecer una programación que refleje las opiniones de los diferentes sectores que conforman una sociedad. En la misma deben aparecer representadas las visiones de los grupos minoritarios que no tienen acceso a los medios de comunicación privados.
Para Julio Fernández Baraibar, “Un medio público, es decir, un medio de comunicación que no tenga su programación determinada pura y exclusivamente por una cuestión de rating, que no esté determinada su programación por la pauta comercial de los avisos, es muy necesario porque la Argentina, experimenta una televisión muy crudamente comercial”. El mismo autor considera que “Un medio público tiene que brindar una programación que satisfaga necesidades generales de la población que no están determinadas por la pauta publicitaria. Necesidades de orden cultural, de orden informativo, comunicacional, estrictamente comunicacional, canales de comunicación entre la población o entre sectores diversos de la población, sobre todo aquellos de menores recursos a los que ésta televisión pública les pueda servir de medios de intercomunicación”.
Pero cuáles son las diferencias concretas entre un canal que reproduzca un modelo de servicio público y uno enmarcado en el paradigma comercial. Para el filósofo venezolano Antonio Pasquali, una radiodifusión de servicio público debe cumplir con los siguientes requisitos: 1) Alimentarse con fondos del erario público y no por la publicidad. 2) Ser independiente, participativa y de alta calidad. 3) De alcance nacional. 4) Con calidad aplicada a todos los géneros de programación. 5) Sin concentración geográfica, con producción diversificada regionalmente. 6) Infraestructura y tecnología avanzada.
7) Producir sus propios programas. 8) Ofrecer una programación alternativa a la comercial y no competir con ella.
¿Hasta qué punto la televisión pública argentina cumple con estos requisitos? La ley De Radiodifusión vigente (Ley 22285), que fue dictada en la última dictadura militar, estipulaba en su texto original que ninguno de los medios pertenecientes al SOR (Servicio Oficial de Radiodifusión), es decir los medios controlados directamente por el Estado, podían contratar publicidad y debían financiarse con capitales provenientes del erario público. Sin embargo, el decreto presidencial 1656/92 firmado por el ex Presidente de la Nación Carlos Menem, en 1992, anuló esta disposición y permitió que los medios estatales contraten publicidad, instaurando de este modo una relación de dependencia entre los contenidos de dichos medios y los intereses de los anunciantes.
En cuanto al alcance nacional, si bien Canal 7 llega a todo el país de manera gratuita, el canal del Ministerio de Educación puede verse sólo a través del cable, imposibilitando así su llegada a los sectores de la población que no puedan pagar este servicio, algo claramente opuesto a un paradigma de servicio público, el cual debería garantizar la gratuidad del acceso.
Tampoco parecería cumplirse la diversidad geográfica, ya que la mayoría de los programas están producidos en la Ciudad de Buenos Aires (Laboratorio de Industrias Culturales, 2006). Sin embargo esta concentración no implica que la realidad de las provincias del interior no se vea reflejada en absoluto. Algunos programas, aunque sean producidos en Buenos Aires, se encargan de abordar la diversidad cultural. Es el caso de “Pequeños Universos”, un ciclo dedicado a la difusión de la música de las diferentes regiones de la Argentina, que emite Canal Encuentro. En esta línea también se destaca “Estudio país”, que sale por Canal 7, de lunes a viernes, de 14 a 16 hs, en donde se ofrece al público diversas informaciones relacionadas con actividades de las 24 provincias nacionales.
El avance tecnológico e infraestructural no es uno de los puntos fuertes de la televisión estatal. Sin embargo, cabe destacar que en 2006 Canal 7 incorporó nuevas cámaras e islas de edición. Esta fue la primera vez que se renovó el material desde 1978, cuando el gobierno de Jorge Rafael Videla realizó una cuantiosa (y para muchos excesiva) inversión en Argentina Televisora Color (ATC), con el objetivo de poder transmitir el campeonato mundial de fútbol hacia el exterior en pantalla color. En la Argentina, el mundial se vio en blanco y negro.
Los otros puntos definidos por Pasqualli sí están representados.
Frente al desarrollo de una televisión fuertemente comercial, una solución posible es la intervención estatal sobre ese tipo de servicio, obligando a los licenciatarios a diversificar su oferta. En relación a esta posibilidad, Jay Blumler en su libro “Televisión e interés público” dice: “Ninguna reglamentación, ni por su forma ni por su cantidad, puede transformar las fuerzas motrices económicas que manipularán predominantemente el comportamiento de empresas que compiten por audiencia y por ingresos en un sistema multicanal de televisión” y agrega “como no puede garantizarse que la propuesta de los programas comerciales sean moldeadas con arreglo a consideraciones de interés público, es preciso contar con alternativas bien estructuradas para un mercado televisivo”. Blumler ofrece una solución a este problema: “Una de esas alternativas debe ser un sector de televisión pública dotado de principios, amplios recursos y objetivos fundados en principios. Sólo desde una televisión pública fuerte se puede esperar el servicio al interés público desde dentro”.
Al respecto, Julio Fernández Baraibar cree que cuando el Estado, en vez de ofrecer una alternativa a la televisión comercial, trata de limitarla, “Rápidamente se desliza hacia formas de autoritarismo que ni siquiera es bien recibido por el conjunto de la población al cual supuestamente pretende defender este tipo de medidas”.
La televisión privada se rige, básicamente, por la pauta publicitaria. Esto hace que los contenidos que ofrece no tengan en cuenta aspectos relacionados con la integración social o la diversidad cultural, ya que los mismos no son económicamente redituables.
Dice Arturo Jauretche en su libro Los profetas del odio, refiriéndose a la prensa escrita “El aviso de la gran empresa es el eje de la gran prensa. Los poderosos grupos financieros obtienen del gran periodismo la orientación que conviene a sus intereses, y por sobre todo, los silencios correspondientes”. Lo que plantea este autor es que ningún medio va a oponerse o a perjudicar a aquellos anunciantes que publicitan en su espacio. Lo mismo puede decirse de la Televisión. Así, la TV privada posee una doble restricción para ofrecer un servicio de interés público. Su lógica es meramente comercial y, como consecuencia directa de esto, su discurso está coaccionado por los anunciantes, que son quienes ponen el dinero necesario para que toda la maquinaria funcione. Agrega Jauretche “Estos periódicos tan celosos de la censura oficial se autocensuran cuando se trata del avisador”.
¿Siempre fue así la televisión argentina? La primera transmisión fue en 1951. Hasta la caída del peronismo, en 1955, hubo un solo canal (Canal 7) y el mismo fue estatal. El gobierno de Perón ya había planeado una licitación para adjudicar tres canales privados de TV a los licenciatarios de las tres cadenas de radiodifusión de ese entonces, pero el golpe de Estado del 16 de septiembre impidió que éstas se llevasen a cabo. La autodenominada Revolución Libertadora anuló esa disposición y armó una nueva licitación. El objetivo era uno solo: impedir que los medios quedaran en manos de sectores ligados al ex presidente Perón. El proceso estuvo repleto de desprolijidades, pero finalmente, tres días antes de que el General Aramburu abandone el poder, las tres señales privadas de TV habían sido adjudicadas a licenciatarios no peronistas. Para Guillermo Mastrini, “a partir de las disposiciones del gobierno de Aramburu se conformó un modelo televisivo caracterizado por la iniciativa privada y las explotación comercial de la radiodifusión”. Agrega este autor que “Por otra parte, se generó un modelo de comunicación dependiente de la publicidad que no consideró las dificultades que este sistema encontraría en el interior del país para alcanzar una ecuación financiera que permitiera aceptables niveles de producción propia” Finalmente, Mastrini opina que “El modelo surgido de la adjudicación del 58 mantiene su plenitud. El modelo competitivo vigente en la Argentina es fruto de la inexistencia de una política democratizadora del sistema comunicacional, surgida del debate de los distintos sectores sociales”.
Lo que está en juego es la capacidad de los canales estatales de ofrecer una programación distinta de la que ofrecen los medios privados, pero esto no implica que los medios de comunicación privados deban desaparecer. Al respecto, Pasquali opina que, “Hay que fustigar la mediocridad, la homogeneización cultural y la hipercomercialización de mucha radiodifusión privada”, pero “de la existencia de una radiodifusión privada realmente libre, en sana dialéctica con la pública, depende en gran parte la supervivencia de una opinión pública crítica y no manipulada, base de toda democracia”. Lo que este pensador propone es la necesidad de un servicio público fuerte que ofrezca contenidos que los medios privados no ofrecen porque no son económicamente rentables, pero representan intereses de diferentes sectores de la sociedad que merecen estar representados por la radiodifusión pública. Una de las pautas que este autor propone para construir un medio estatal eficaz es que “la radiodifusión de servicio público respeta a sus usuarios y los concibe y trata como personas inteligentes, cultivadas, sensibles, de edades y gustos diversificados, y no como una masa homogeneizada de edad mental infantil, consumismo compulsivo y gustos primarios”. Finalmente plantea que la radiodifusión pública no debe competir con el sector privado sino complementarlo, ofreciendo contenidos que el éste no está dispuesto a ofrecer.
Frente a esta propuesta, la pregunta que surge inmediatamente es, ¿existe realmente una demanda para los contenidos que debería ofrecer una televisión de servicio público?. El Laboratorio de Industrias Culturales, dependiente de las Secretaría de Cultura de la Nación, ha elaborado en 2006 una investigación sobre la televisión argentina titulada “Qué ves cuando me ves”. Una de las secciones de dicho relevamiento está dedicada al análisis sobre los usos y las percepciones de diferentes sectores de la población sobre la televisión. Según este informe, hay una acentuada disposición al consumo de programas culturales entre todos los públicos. Para los investigadores esto tienes dos causas. En primer lugar, “la función de fuente de «aprendizaje informal» asignada a la televisión como uno de los principales empleos y gratificaciones derivados del consumo de este medio. La televisión, además de ser entendida como vehículo de entretenimiento e información, es frecuentemente adoptada como medio de ampliación o perfeccionamiento de la propia formación cultural”. La segunda causa es “un renovado interés en un área específica del campo cultural como la historia argentina, atestiguado por las elevadas cifras de venta y audiencia que han alcanzado recientemente libros y programas televisivos y radiales dedicados a esta temática”.
Según este informe, a la hora de justificar la necesidad de este tipo de programación, los encuestados afirman que “una de las principales funciones atribuidas a un canal cultural es contribuir a la construcción de un colectivo nacional, poniendo en contacto a los distintos subgrupos socioculturales del país y propiciando el conocimiento de las diversas facetas culturales, naturales, geográficas y antropológicas del país”. Claramente, son Canal Encuentro y Canal 7, y no los canales privados, los que ofrecen este tipo de programación.
Los encuestados creen que una programación cultural capaz de captar públicos masivos debe cumplir con tres requisitos: Entretenimiento, formación e información.
Para demostrar que esto no es una quimera, cabe recordar la experiencia europea. Desde fines de la Segunda Guerra Mundial, hasta principios de la década del 90, la televisión europea fue un monopolio estatal y se definía como un servicio de interés público. El objetivo era “educar, entretener e informar”.
La demanda existe. Es obligación del Estado generar una oferta que la satisfaga. Para eso, será necesario un servicio universal y gratuito y que contemple las necesidades de los diferentes sectores de la población.
Frente al anteproyecto para una nueva ley de radiodifusión propuesto por el Gobierno Nacional, no debe llamar la atención la encendida oposición que el mismo suscita en los grandes oligopolios informativos. Sin embargo, no hay que perder de vista que la propuesta no es una persecución a los medios privados, sino dividir la frecuencia radioeléctrica en forma tripartita, de modo que no sean sólo los capitales concentrados quienes puedan ejercer su derecho a la comunicación, sino que también la sociedad civil y el Estado tengan canales de expresión.
La oportunidad para aprobar una nueva ley de radiodifusión es histórica. No la dejemos pasar. Tengamos siempre claro que, como decía Jauretche, cuando los medios masivos dicen defender la libertad de prensa, están defendiendo la libertad de empresa.
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