
Es difícil evaluar lo progresivo o regresivo de una medida en la sociedad mediática. La evaluación primera, sincera y lógica, basada en la correlación de fuerzas, en los intereses que una medida afecta y los que beneficia, en el objetivo último de la misma y en los apoyos que genera, puede perder peso cuando es puesta en duda por todo el arsenal simbólico-comunicacional.
Uno tendería a pensar que la Ley de Servicios audiovisuales que propone el Gobierno es un avance significativo en relación a la obsoleta Ley de Radiodifusión, firmada por Videla y Harguindegui. Sin embargo, basta encender el televisor, la radio o leer un diario para entrar en duda. Los aparatos ideológicos del mercado nos informan que la ley es “para controlar a los medios” que “ataca la libertad de prensa”, que es “antidemocrática” (la derecha sólo se acuerda de la democracia cuando no está en el Gobierno), que “vulnera la diversidad de opiniones” y demás argumentos.
La dirigencia política opositora no es menos tremendista. Repite exactamente los mismos argumentos y, a veces, los hiperboliza. Felipe Solá afirma que la ley fue aprobada “gracias a la chequera” y Mauricio Macri…se sincera. El heredero directo de la patria contratista demuestra que le interesan muy poco los 30000 detenidos-desaparecidos, los 300 muertos en el bombardeo a la Plaza de Mayo, los miles de trabajadores encarcelados por reclamar algo tan simple como su derecho a elegir autoridades, los fusilamientos de obreros y la pampa regada con sangre criolla y dice “este es el gobierno más fascista de la historia argentina”. Un despropósito, evidentemente. Un delirio fascistoide que no se sostiene bajo ningún punto de vista. Una afirmación que sólo puede ser hecha por alguien que sabe tanto del relato nacional como para afirmar que el 9 de Julio es el día de la bandera, que Borges se llamaba José Luis y que no supo enumerar tres integrantes de la Primera Junta de Gobierno.
Uno tendería a pensar que la Ley de Servicios audiovisuales que propone el Gobierno es un avance significativo en relación a la obsoleta Ley de Radiodifusión, firmada por Videla y Harguindegui. Sin embargo, basta encender el televisor, la radio o leer un diario para entrar en duda. Los aparatos ideológicos del mercado nos informan que la ley es “para controlar a los medios” que “ataca la libertad de prensa”, que es “antidemocrática” (la derecha sólo se acuerda de la democracia cuando no está en el Gobierno), que “vulnera la diversidad de opiniones” y demás argumentos.
La dirigencia política opositora no es menos tremendista. Repite exactamente los mismos argumentos y, a veces, los hiperboliza. Felipe Solá afirma que la ley fue aprobada “gracias a la chequera” y Mauricio Macri…se sincera. El heredero directo de la patria contratista demuestra que le interesan muy poco los 30000 detenidos-desaparecidos, los 300 muertos en el bombardeo a la Plaza de Mayo, los miles de trabajadores encarcelados por reclamar algo tan simple como su derecho a elegir autoridades, los fusilamientos de obreros y la pampa regada con sangre criolla y dice “este es el gobierno más fascista de la historia argentina”. Un despropósito, evidentemente. Un delirio fascistoide que no se sostiene bajo ningún punto de vista. Una afirmación que sólo puede ser hecha por alguien que sabe tanto del relato nacional como para afirmar que el 9 de Julio es el día de la bandera, que Borges se llamaba José Luis y que no supo enumerar tres integrantes de la Primera Junta de Gobierno.
Lo que ninguno dice es que necesitan de los medios para posicionarse en la escena política, ya que su militancia de base es nula. Sin el favor de las corporaciones mediáticas su caudal de votos se vería significantivamente reducido. Por eso se arrodillan ante el poder mediático y lo defienden fuirosamente, sabiendo que, para ellos, es una cuestión de vida o muerte.
Y los más perjudicados por la ley pierden definitivamente la línea y se lanzan a un ataque frontal, infundado y violento al Gobierno. Clarín saca 15 tapas seguidas denunciando hechos de corrupción, malversación de fondos, lo supuestamente nefasto que es salvar a la Aerolínea de Bandera, etc. Inventa la sección “El Gobierno y los medios” y le dedica no menos de cinco páginas por edición. Además, intenta crear un “eje del mal” de la libertad de prensa, que incluiría a Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela.
Ante eso, uno empieza a sospechar que la Ley no debe ser tan mala, porque de lo contrario no pondría tan nerviosos a los sectores más concentrados del país. Y uno nota que la decisión política de cambiar la legislación los tomó por sorpresa, sin el tiempo necesario para armar una estrategia coherente.
Los argumentos que dan son insostenibles y fácilmente rebatibles. Por ejemplo:
1- “Clarín (o cualquiera de los medios que se ven afectados por la desmonopolización) es masivo”: lo que se está discutiendo es la capacidad del Estado de regular la oferta en el mercado de la producción audiovisual. Si los productos de Clarín son tan masivos no se preocupen, podrán competir en igualdad de condiciones con los productos que elabore el Estado y las organizaciones no gubernamentales. La ley propone un mercado libre del que puedan participar más actores Si la sociedad prefiere la producción de Clarín lo hará saber a la hora de elegir, dentro de una oferta mucho más variada que la actual. Su planteo de tematizar el consumo equivale a decir que no hay que legislar sobre el consumo de paco, o de cocaína, ya que mucha gente los elige.
2-"Esta ley le va a quitar fuentes de trabajo": Podrían decir también que esta ley va a abrir muchas fuentes de trabajo, ya que un gran número de organizaciones y voces que representan al Estado y a las organizaciones no gubernamentales necesitarán mano de obra calificada para producir sus programas. La mano de obra necesaria será la misma o aumentará, no hay que ser matemático para verlo.
3-"Esta ley se propone controlar a los medios": Si ese fuera el objetivo, ¿qué mejor que usar la ley actual que dispone de un organismo de control intervenido por un funcionario del Gobierno? ¿Cuál es la ecuación a partir de la que un órgano conformado por 5 personas de diferentes espacios es más autoritario que uno dirigido por un funcionario del Gobierno de turno?
4- “Es una ley K”: cualquier persona medianamente informada sabe que la ley surge de los 21 puntos propuestos por la Coalición por una comunicación democrática, que viene trabajando desde hace años, y que la demanda existe en diferentes organizaciones de la sociedad civil desde 1983.
5- “No se discutió lo suficiente”: se realizaron centenares de foros en todo el país, a los que asistieron miles de personas a discutir, opinar, debatir y proponer.
Después, claro, también está la justificación desde el analfabetismo, como la señora Mirta Legrand opinando que el proyecto de ley es muy largo porque tiene 160 páginas. Hay justificaciones para todos los gustos.
Lo concreto es que de este lado están las radios comunitarias, sindicatos, organizaciones sociales, organizaciones populares, estudiantes y trabajadores y del otro lado está la Mesa de Enlace, la derecha más reaccionaria y cipaya, los medios masivos de comunicación y el analfabetismo medio pelo.
Siempre envidié (sanamente) los grandes relatos que supo construir la generación precedente: la vuelta de Perón, la Revolución Cubana, la heroica muerte de Allende, etc. La noción de estar viviendo un momento significativo. Mi envidia duró hasta el miércoles. Ahora, luego de la media sanción en Diputados, sé que presencié un momento histórico.
Y los más perjudicados por la ley pierden definitivamente la línea y se lanzan a un ataque frontal, infundado y violento al Gobierno. Clarín saca 15 tapas seguidas denunciando hechos de corrupción, malversación de fondos, lo supuestamente nefasto que es salvar a la Aerolínea de Bandera, etc. Inventa la sección “El Gobierno y los medios” y le dedica no menos de cinco páginas por edición. Además, intenta crear un “eje del mal” de la libertad de prensa, que incluiría a Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela.
Ante eso, uno empieza a sospechar que la Ley no debe ser tan mala, porque de lo contrario no pondría tan nerviosos a los sectores más concentrados del país. Y uno nota que la decisión política de cambiar la legislación los tomó por sorpresa, sin el tiempo necesario para armar una estrategia coherente.
Los argumentos que dan son insostenibles y fácilmente rebatibles. Por ejemplo:
1- “Clarín (o cualquiera de los medios que se ven afectados por la desmonopolización) es masivo”: lo que se está discutiendo es la capacidad del Estado de regular la oferta en el mercado de la producción audiovisual. Si los productos de Clarín son tan masivos no se preocupen, podrán competir en igualdad de condiciones con los productos que elabore el Estado y las organizaciones no gubernamentales. La ley propone un mercado libre del que puedan participar más actores Si la sociedad prefiere la producción de Clarín lo hará saber a la hora de elegir, dentro de una oferta mucho más variada que la actual. Su planteo de tematizar el consumo equivale a decir que no hay que legislar sobre el consumo de paco, o de cocaína, ya que mucha gente los elige.
2-"Esta ley le va a quitar fuentes de trabajo": Podrían decir también que esta ley va a abrir muchas fuentes de trabajo, ya que un gran número de organizaciones y voces que representan al Estado y a las organizaciones no gubernamentales necesitarán mano de obra calificada para producir sus programas. La mano de obra necesaria será la misma o aumentará, no hay que ser matemático para verlo.
3-"Esta ley se propone controlar a los medios": Si ese fuera el objetivo, ¿qué mejor que usar la ley actual que dispone de un organismo de control intervenido por un funcionario del Gobierno? ¿Cuál es la ecuación a partir de la que un órgano conformado por 5 personas de diferentes espacios es más autoritario que uno dirigido por un funcionario del Gobierno de turno?
4- “Es una ley K”: cualquier persona medianamente informada sabe que la ley surge de los 21 puntos propuestos por la Coalición por una comunicación democrática, que viene trabajando desde hace años, y que la demanda existe en diferentes organizaciones de la sociedad civil desde 1983.
5- “No se discutió lo suficiente”: se realizaron centenares de foros en todo el país, a los que asistieron miles de personas a discutir, opinar, debatir y proponer.
Después, claro, también está la justificación desde el analfabetismo, como la señora Mirta Legrand opinando que el proyecto de ley es muy largo porque tiene 160 páginas. Hay justificaciones para todos los gustos.
Lo concreto es que de este lado están las radios comunitarias, sindicatos, organizaciones sociales, organizaciones populares, estudiantes y trabajadores y del otro lado está la Mesa de Enlace, la derecha más reaccionaria y cipaya, los medios masivos de comunicación y el analfabetismo medio pelo.
Siempre envidié (sanamente) los grandes relatos que supo construir la generación precedente: la vuelta de Perón, la Revolución Cubana, la heroica muerte de Allende, etc. La noción de estar viviendo un momento significativo. Mi envidia duró hasta el miércoles. Ahora, luego de la media sanción en Diputados, sé que presencié un momento histórico.